La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha abierto hoy el periodo de información pública del anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental, que persigue compatibilizar la protección medioambiental con la simplificación de los procedimientos administrativos para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas.

La normativa permitirá evaluar los posibles efectos de los proyectos y actividades con incidencia medioambiental y establecerá medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto sobre el medio.

La futura ley se convertirá en el principal instrumento jurídico del Principado para la prevención y control de la calidad ambiental. De este modo, fijará los fines y principios a los que deberán quedar sujetas por razones medioambientales las actividades, tanto públicas como privadas.

Los instrumentos de intervención incluidos en el anteproyecto se basan en un régimen de autorizaciones, comunicaciones y declaraciones ambientales que se complementa con un sistema permanente de inspección y control.

Asimismo, incorpora instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental y lucha contra el cambio climático, como el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono. Además, en su articulado, se recogen medidas de impulso de buenas prácticas en ecoinnovación y economía circular, mediante herramientas como la compra pública verde y la fiscalidad ambiental o el apoyo a la investigación y la educación ambiental.

Atendiendo a la necesidad de hacer frente a proyectos, inversiones, transformaciones y reformas estructurales que permitan una estructura económica más resiliente tras la pandemia, la ley plantea medidas que permiten una mayor  agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario.
La norma adapta los instrumentos de intervención ambiental actuales a estos principios, limitando el requisito de la autorización previa a los supuestos de actividades con una elevada o moderada incidencia ambiental que, por motivos de protección y, por tanto, de interés público, se someten a autorización ambiental integrada ordinaria o simplificada. Así, incorpora en el mismo trámite la emisión de autorizaciones ambientales sectoriales como las que se otorgan en materia de agua, aire o residuos.

En el caso de actividades de incidencia ambiental mínima, opta por la declaración responsable, que posibilita el inicio de la actividad sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por un control posterior. De este modo, se reducen trámites y plazos.
Los nuevos procedimientos sustituyen el trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas, previsto en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Raminp), que quedará derogado.

La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, ha afirmado que la normativa es “altamente demandada por diversos sectores socioeconómicos de la sociedad asturiana”. Igualmente, ha resaltado que “pretende integrar el fomento de instrumentos voluntarios y de políticas públicas de impulso a la mejora de la calidad ambiental y a la lucha contra el cambio climático con el desarrollo de una regulación detallada de los procedimientos de intervención ambiental, tanto de la Administración autonómica como de las locales y estatal, garantizando el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el medio ambiente”.

El documento estará en información pública durante 20 días hábiles y puede accederse al mismo en la dirección www.asturiasparticipa.es