Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son las principales responsables del cambio climático, un fenómeno que amenaza la vida en el planeta y que requiere una acción urgente y coordinada. La Unión Europea (UE) es una de las regiones del mundo que más se ha comprometido con la lucha contra el calentamiento global, estableciendo objetivos ambiciosos de reducción de sus emisiones y participando activamente en los acuerdos internacionales sobre el clima.

¿Cómo han evolucionado las emisiones europeas de GEI?

Según el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la UE ha logrado reducir sus emisiones de GEI en un 24% entre 1990 y 2019, superando el objetivo del 20% que se había fijado para 2020. Este descenso se ha debido principalmente a la disminución del consumo de combustibles fósiles, al aumento de la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables.

Sin embargo, no todos los sectores han contribuido por igual a esta reducción. Mientras que las emisiones del sector energético, la industria y los residuos han disminuido significativamente, las del transporte, la agricultura y el uso de la tierra han aumentado o se han mantenido estables. Además, existen diferencias entre los Estados miembros, tanto en el nivel como en la tendencia de sus emisiones.

¿Qué instrumentos utiliza la UE para reducir sus emisiones?

La UE cuenta con un marco legislativo y político amplio y diverso para hacer frente al cambio climático. Entre los instrumentos más destacados se encuentran:

- El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), que es un mercado de carbono que establece un límite máximo a las emisiones de los sectores más intensivos en energía y electricidad, y que permite a los agentes económicos comprar y vender derechos de emisión. El RCDE UE cubre alrededor del 40% de las emisiones totales de la UE y es el mayor sistema de este tipo en el mundo.
- Los objetivos nacionales vinculantes de reducción de emisiones para los sectores no incluidos en el RCDE UE, como el transporte, la agricultura, los edificios y los residuos. Estos objetivos se reparten entre los Estados miembros según su renta per cápita y su potencial de reducción.
- Las directivas sobre eficiencia energética y energías renovables, que fijan metas para mejorar el uso de la energía y aumentar la participación de las fuentes limpias en el mix energético.
- El mecanismo de desarrollo limpio (MDL), que permite a los Estados miembros financiar proyectos de reducción o captura de emisiones en países en desarrollo y obtener créditos que pueden utilizar para cumplir sus objetivos.
- El Fondo Europeo para una Transición Justa, que apoya a las regiones más afectadas por la transición ecológica con inversiones en empleo, formación, innovación y diversificación económica.

¿Qué retos se plantean para el futuro?

La UE se ha propuesto ser el primer continente climáticamente neutro para 2050, lo que implica alcanzar un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de GEI. Para ello, ha elevado su objetivo de reducción de emisiones para 2030 al menos al 55% respecto a 1990, frente al 40% anterior. Este objetivo se ha plasmado en la Ley Europea del Clima, que lo convierte en una obligación jurídica.

Para lograr este objetivo, la UE ha presentado el paquete legislativo "Objetivo 55", que incluye una serie de propuestas para revisar y actualizar la legislación vigente y poner en marcha nuevas iniciativas. Entre ellas, se encuentran:

- La ampliación y el endurecimiento del RCDE UE, que abarcará también al transporte marítimo y a los edificios, y que tendrá un límite máximo de emisiones más bajo y un precio del carbono más alto.
- La creación de un nuevo mercado de carbono para el transporte por carretera y los edificios, que complementará al RCDE UE y que exigirá a los proveedores de combustibles y energía comprar derechos de emisión.
- La revisión de las normas sobre eficiencia energética y energías renovables, que establecerán objetivos más ambiciosos para ambos ámbitos y medidas concretas para su aplicación.
- La introducción de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, que gravará las importaciones de productos con alto contenido en carbono procedentes de países con normas climáticas menos estrictas que las de la UE.
- La reforma de la fiscalidad energética, que armonizará los impuestos sobre la energía y el CO2 en función de su contenido energético y sus emisiones.
- La revisión de la legislación sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, que establecerá objetivos vinculantes para aumentar las absorciones de carbono por los sumideros naturales y reducir las emisiones del sector agroalimentario.

Estas propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, que actúan como colegisladores. El proceso puede durar varios meses o años, y puede implicar cambios en el contenido y el alcance de las medidas. Además, una vez adoptadas, las propuestas deberán ser transpuestas e implementadas por los Estados miembros, lo que supone un desafío adicional.