El 31 de Mayo de 2002, la Unión Europea, y los quince estados que entonces la conformaban, depositaron en la sede central de Naciones Unidas, en Nueva York, sus respectivos instrumentos de ratificación del Protocolo de Kioto. Con esta ratificación se ponía de manifiesto el compromiso político de la UE y de sus estados miembros en la lucha frente al cambio climático en el ámbito multilateral.

 

Aunque el Protocolo de Kioto no entrase en vigor hasta febrero de 2005, el estado español, al igual que el resto de estados miembros de la UE, asumió los compromisos derivados del acuerdo desde la fecha de su ratificación. De entre ellos, el principal es el de limitar el crecimiento neto de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera que, durante el periodo 2008- 2012, sus emisiones de los seis gases de efecto invernadero del Protocolo no aumenten más del 15% sobre la cifra de emisiones del año 1990, denominado año base.

 

El compromiso de limitación de las emisiones netas exigido a cada estado miembro, para el periodo 2008-2012, se enmarcó en el ejercicio, por parte de la Unión Europea, de la opción prevista en el artículo 4 del Protocolo, que permitía redistribuir la carga en el seno de organizaciones regionales de integración económica, siempre que se cumpla el objetivo marcado inicialmente que, en este caso, era la reducción del 8% para toda el área comunitaria. De esta forma, a cada estado se le exige el cumplimiento de la cifra resultante de este acuerdo, con independencia del posible cumplimiento conjunto gracias a la reducción del resto de los estados miembros.

 

Para España, que en 1990 partía de una situación de desarrollo socioeconómico muy diferente de la media de los países entonces integrantes de la Unión Europea, se acordó con base en el “Acuerdo de Reparto de la Carga entre Países de la Unión Europea” un techo de emisión en el periodo de cómputo del Protocolo de Kioto de un 15% sobre el año base (1990 para los tres gases principales de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y 1995 para los gases fluorados, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, y hexafluoruro de azufre)

 

Junto al compromiso principal de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la ratificación del Protocolo supuso la inclusión de compromisos adicionales sobre la obtención y remisión de información y la asunción de la responsabilidad de que el cumplimiento de las obligaciones y el uso de los mecanismos de flexibilidad tengan lugar de acuerdo con las formas y procedimientos establecidos.