Uno de los principales objetivos del derecho ambiental comunitario es la mejora de la calidad del aire. La profusa normativa europea en este ámbito está dirigida a reducir la exposición a la contaminación atmosférica, mediante la disminución de emisiones y el establecimiento de valores y objetivos límite para la calidad del aire. El fin perseguido es el de conseguir unos niveles de calidad del aire que no causen efectos inaceptables, ni entrañen riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

 

La Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica del año 2005, respaldada por el programa “Aire puro para Europa”, que se estableció con arreglo al “Sexto Programa de Acción en materia de medio ambiente”, fija unos objetivos y medidas ambiciosos pero rentables para la política europea sobre calidad del aire hasta el año 2020, y propone medidas para alcanzarlos, como modernizar la legislación vigente, insistir en los contaminantes más nocivos y conseguir una mayor implicación de los sectores y de las políticas que pueden influir en la contaminación del aire.

 

Dentro de las medidas de modernización de la legislación, en el año 2008 se publicó la nueva directiva sobre calidad del aire, la Directiva 2008/50/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, la cual consolidaba diversos instrumentos legislativos relativos a la calidad del aire en un solo texto, y pretendía sustituir paulatinamente a varias directivas, de forma que para el año 2010 fuera el marco de referencia. Además, era la primera directiva comunitaria que incluía límites para las concentraciones ambientales de las partículas finas (PM 2,5).

 

En España, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera derogó la hasta entonces vigente Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico y parte de su extenso desarrollo reglamentario, dotando al ordenamiento estatal de una norma básica acorde con las actuales exigencias europeas en esta materia. La Ley 34/2007 está inspirada en los principios, enfoques y directrices que definen y orientan la vigente política ambiental y de protección de la atmósfera en el ámbito de la Unión Europea, y da adecuada cabida a los planteamientos y requisitos técnicos que conforman el acuerdo comunitario en materia de atmósfera, y al derivado de los correspondientes convenios internacionales.

 

La ley aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y de “quien contamina paga”.

 

Asimismo, establece determinadas obligaciones para los municipios con determinada densidades de población, como la de disponer de instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de contaminación y calidad del aire, o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire.

 

También se abordan las cuestiones relativas a la planificación en sus tres vertientes: los planes para mejorar la calidad del aire y el cumplimiento de objetivos y obligaciones, la participación pública en la elaboración de dichos planes, y la integración de la protección de la atmósfera en la planificación de políticas sectoriales.